Texto: Gerencia de Asuntos Públicos y Sostenibilidad | Green Leader
“Una mayor inversión en energías renovables, junto con una aceleración del proceso de abandono de plantas de carbón, puede contribuir a reducir la dependencia y los costos energéticos”. Esta es parte de la serie de recomendaciones que la OCDE, en su reporte Perspectivas Económicas para Chile, realizó para nuestro país hace unos días, en el contexto de preservar la sostenibilidad fiscal en medio de un panorama económico que prevé una desaceleración brusca del crecimiento para este 2022 hasta un 1,4%, y para el 2023 de un 0,1%, junto a condiciones crediticias más restrictivas, el retiro de medidas fiscales extraordinarias que limitarán el consumo de los hogares, y la incertidumbre en torno a la Nueva Constitución que probablemente –señala el documento- frenará la inversión de las empresas.
Al hacer doble clic en las recomendaciones sobre ‘energías renovables’, la OCDE reconoce que Chile es un país con riqueza en este ámbito y que tiene un gran potencial de exportación de este tipo de energías, por lo que una mayor inversión en este sector, puede contribuir a diversificar la economía e impulsar la productividad, reduciendo al mismo tiempo la dependencia y los costos energéticos.
En efecto, la dependencia de nuestra matriz energética primaria –de acuerdo a la Política Energética de Chile al 2050– sigue siendo de los combustibles fósiles: petróleo (32,9%), carbón (24,4%) y a leña y biomasa (23,7%), siendo esta última preeminencia una característica de nuestro país, junto con una participación de la hidroelectricidad (6,4%), no obstante, nuestra dependencia del petróleo importado alcanza el 95%, cuestión que en estos tiempos económicos agudos a nivel mundial se vuelve complejo, especialmente, cuando el precio va al alza esperando alcance -a mediados de julio- un valor de 140 dólares el barril, debido a la reducción de la oferta del petróleo, y los estragos que está causando la guerra en Ucrania, además de la crisis política en Ecuador y Libia que han puesto en jaque la fluidez de la producción del crudo.
Esta dependencia histórica nos ha hecho un país energéticamente vulnerable, y nos sitúa en el lugar N° 37 (de 121) en el World Energy Trillema Index 2021, un reporte anual elaborado por el Consejo Mundial de la Energía (WEC), que evalúa tres dimensiones energéticas de los países miembros, entre ellas: sustentabilidad, acceso, y seguridad de suministro, siendo en este último aspecto donde la cosa se pone crítica dada nuestra alta subordinación. No obstante, el reporte destaca que Chile tiene políticas de inversión y energía que podrían potenciar la transición y funcionar como motor de recuperación económica.
Otro de los factores que debe hacernos sentido en la recomendación de la OCDE, es el amplio consenso científico que existe respecto de los efectos del Cambio Climático, especialmente, en aquellos países que han sido calificados en esta condición por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Chile está en un nivel alto de vulnerabilidad, porque reúne siete de las nueve condiciones frente al impacto del cambio climático: áreas costeras de baja estatura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos.
Desde esa lógica, la Política Energética de Chile al 2050 precisa que nuestro país vivirá impactos importantes en las condiciones hidrológicas que afectarán a la generación de energía hidroeléctrica, razón –quizás más que suficiente- que hizo apurar el tranco al Estado para iniciar el tránsito hacia una economía —y una matriz energética, por cierto— significativamente más baja en carbono, alcanzando al menos un 30% de reducción de intensidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 2030.
En la última COP 26 celebrada en Glasgow, Chile hizo entrega a las Naciones Unidas de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), cuya particularidad es que se trata de una hoja de ruta para que nuestro país logre el Cero Neto al 2050, estableciendo 407 metas sectoriales de transición y transformación.
En lo referido al ámbito energético, la ECLP coloca como objetivo un máximo país de emisiones de GEI al 2030. Entre ellos: establece el retiro o conversión del 65% de las centrales de carbón al 2025 y al 2040 su totalidad, que un 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables al año 2030, que el hidrógeno verde represente el 20% de la matriz de combustibles al 2040 y que la matriz energética alcance el 100% cero emisiones al año 2050. Para la industria y la minería, que reduzcan sus emisiones en un 70% al 2050 y que toda la flota de la gran minería sea Zero Neto al finalizar esta década.
En noviembre del 2020, siendo pionero en Latinoamérica, Chile lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde como una política de largo plazo que permitiese desarrollar en el país la industria del hidrógeno verde y situar a Chile al 2040 entre los principales productores del mundo de este combustible renovable. “Esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde marca un punto de partida esencial para una transformación profunda de la identidad productiva del país”, enfatizaba el Consejo Asesor que elaboró el documento, entre quienes se encontraban: Ricardo Lagos, Vivianne Blanlot, Marcelo Mena, Gonzalo Muñoz, Klaus Schmidt-Hebbel y Jeannette Von Wolfersdorff.
En efecto, la OCDE en el Reporte de Perspectivas Económicas para Chile 2022 destacó que la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde tiene el potencial de descarbonizar la economía, especialmente la industria minera.
Durante el año pasado, el ecosistema del hidrógeno verde del país tuvo muy buenas noticias. Así al menos da cuenta el anuario 2021 de la Asociación Chilena de Hidrógeno -H2Chile- Hubo anuncios de proyectos en desarrollo -cerca de 60 según datos del Ministerio de Energía-; existieron convocatorias de financiamiento CORFO, la Agencia de Sostenibilidad Energética, la AGCID con dinero de la Unión Europea y apoyados por el Ministerio de Energía y CORFO; disponibilidad de terreno fiscales para la instalación de plantas de hidrógeno verde a través de la iniciativa Ventana al Futuro del Ministerio de energía y Bienes Nacionales, que consistía en un período único y excepcional para asignar terrenos para la producción de Hidrógeno Verde, entre muchas otras.
En lo que va de este 2022, el Ministerio de Energía ha abierto una nueva convocatoria denominada ‘Desafío Público en Hidrógeno Verde’, cuyo monto a financiar es de hasta $298.000.000 por proyecto. Lo que se busca es el desarrollo de un Coupling de electrolizadores y generación renovable para la producción eficiente de Hidrógeno Verde. Las postulaciones se encuentran abiertas hasta el 14 de julio próximo.
No cabe duda que el hidrógeno verde es la gran apuesta país, y ciertamente para la industria minera es clave –junto a otros factores que se abordan en paralelo, como la circularidad y trazabilidad de sus residuos- para alcanzar la anhelada categoría de Minería Verde. No olvidemos que se avizora una exponencial demanda de cobre, para los próximos 20 años, y será el crecimiento de la población mundial la que impulsará la demanda de cobre. De acuerdo a datos proyectados por las Naciones Unidas, al 2050 la población mundial llegará a los 9.500 millones de personas, (hoy somos 7.900 millones) y ese aumento de población mundial requerirá al menos 3 veces más productos y servicios de los que demanda hoy.
Desde esa lógica, entonces, es que la Minería al ser un sector económico que utiliza equipos de grandes dimensiones que tienen un consumo importante de energía, el hidrógeno verde (H₂V) será crucial para el futuro de la industria, y, ciertamente, para otros sectores productivos del país, por lo que afirmar que ‘el Hidrógeno Verde es el punto de partida para una transformación de la identidad productiva de Chile’, no es pecar de exagerado.